Alcaldía de Manizales le apuesta a una Política de Mejora Normativa, que permite participación comunitaria e inclusiva.

La Política de Mejora Normativa aumentó el promedio de favorabilidad del 42% al 97%.

Los manizaleños pueden acceder al sitio web de la Alcaldía https://manizales.gov.co/ para participar activamente de los proyectos de actos administrativos.

En la Alcaldía de Manizales se implementa la Política de Mejora Normativa, considerada un instrumento líder en el ámbito nacional, ya que consolida un marco regulatorio con participación comunitaria e inclusiva.

Esta herramienta innovadora hace parte de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, que son fundamentales para la implementación de planes, programas y proyectos, y que han sido incorporadas al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Al respecto, el profesional especializado y apoyo legal y reglamentario para la Secretaría Jurídica, Huber Esmer Londoño, indicó: “Manizales es catalogada como la ciudad que maneja la política de mejora normativa en el país. Socializamos a los secretarios y cada uno de sus delegados en qué consiste esta política de mejora normativa. Esta nos permite fortalecer y cualificar el proceso de construcción jurídica local y buscamos que la comunidad intervenga en las diferentes proyecciones de los actos administrativos”.

Además, el funcionario hizo el llamado para que los manizaleños visiten la página web del Municipio, busquen los proyectos de actos administrativos y realicen sus observaciones, compartan conceptos, inquietudes y sean tenidos en cuenta para la construcción jurídica local.

El profesional de la Unidad de Transparencia y Gobierno Abierto, Francisco Javier Gómez, resaltó el compromiso continuo de la Alcaldía en el mejoramiento institucional y que una de sus causas fue el aumento en la favorabilidad del 42% al 97%, según el índice de Medición Institucional del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG).

Según los funcionarios, en Manizales se fomenta el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias para garantizar normas de alta calidad técnica y jurídica. Este enfoque, que busca resultados eficaces, eficientes y transparentes, está respaldado por la Rama Ejecutiva del poder público en los ámbitos nacional y territorial.

El objetivo final de este proceso es fortalecer la seguridad jurídica y proporcionar un marco regulatorio propicio para el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.